Reforma de la Ley de Salud Mental y los cambios que podrían afectar a pacientes y familias

El Senado de la Nación aprobó una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental que propone modificar los criterios para las internaciones involuntarias, reorganizar la atención sanitaria y fortalecer la participación de los profesionales especializados. La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.

El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional y modificado durante su tratamiento legislativo, reabre el debate sobre cómo garantizar una atención adecuada a las personas que atraviesan situaciones de crisis, sin vulnerar sus derechos. Entre los principales puntos aparecen nuevas condiciones para disponer internaciones, mayores responsabilidades para los equipos de salud, acompañamiento a las familias y mecanismos de seguimiento de los tratamientos. Por el momento, las modificaciones no están vigentes, ya que todavía necesitan la aprobación definitiva del Congreso.

Qué establece actualmente la Ley de Salud Mental

La Ley Nacional de Salud Mental 26.657, sancionada en 2010, reconoce la salud mental como un derecho y establece un modelo de atención basado en el respeto de la dignidad, la autonomía y la integración social de las personas.

Uno de sus principios centrales es que las internaciones deben utilizarse como un recurso terapéutico restrictivo, únicamente cuando resulten más beneficiosas que otras alternativas de atención disponibles en el entorno familiar, comunitario o social.

La legislación también promueve el trabajo de equipos interdisciplinarios, integrados por profesionales de diferentes especialidades, y establece garantías para evitar internaciones arbitrarias o tratamientos que vulneren los derechos de los pacientes.

Sin embargo, durante los últimos años surgieron cuestionamientos sobre las dificultades para aplicar la normativa, especialmente ante situaciones de crisis que requieren intervenciones urgentes.

En abril de 2026, el Ministerio de Salud de la Nación anunció una propuesta de modificación de la ley, fundamentada en la necesidad de mejorar la respuesta del sistema sanitario y superar las desigualdades existentes entre las distintas jurisdicciones.

Internaciones involuntarias y nuevos criterios de intervención

Uno de los aspectos más importantes de la reforma es la modificación de las condiciones que permiten internar a una persona sin su consentimiento.

La legislación vigente exige la existencia de una situación de riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros, evaluada por profesionales de la salud.

El proyecto aprobado por el Senado propone reemplazar ese criterio por el de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros.

Esta modificación permitiría considerar no solamente la situación inmediata del paciente, sino también antecedentes relevantes y la evolución previsible de su estado si no recibe atención.

En términos prácticos, el cambio podría ampliar las posibilidades de intervención de los equipos sanitarios cuando una persona atraviesa una crisis severa y no acepta voluntariamente un tratamiento.

No obstante, la internación continuaría siendo una medida excepcional y debería estar justificada por una evaluación profesional.

El proyecto contempla, además, situaciones de urgencia en las que un médico podría disponer inicialmente una internación, con la obligación de que posteriormente sea ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas.

Qué papel tendrían los psiquiatras y psicólogos

La reforma también modifica la organización de los equipos responsables de evaluar y acompañar a los pacientes.

El texto aprobado establece la participación obligatoria de un médico psiquiatra dentro de los equipos interdisciplinarios, junto con profesionales de psicología y otras disciplinas vinculadas con la atención de la salud mental.

La intención expresada por quienes impulsan la iniciativa es fortalecer la evaluación clínica y facilitar la toma de decisiones en situaciones complejas.

Al mismo tiempo, se contempla la posibilidad de recurrir a teleconsultas cuando no pueda garantizarse la presencia física de un especialista, una alternativa particularmente relevante para localidades con dificultades de acceso a profesionales.

Este punto generó discusiones sobre el equilibrio entre las distintas especialidades y la importancia de conservar un abordaje integral que considere los aspectos médicos, psicológicos, sociales y familiares de cada situación.

Qué podría cambiar para las familias

Las familias suelen desempeñar un papel fundamental en el acompañamiento de personas que atraviesan problemas de salud mental, especialmente cuando existen crisis recurrentes, dificultades para sostener tratamientos o situaciones que requieren cuidados prolongados.

La reforma incorpora disposiciones vinculadas con el acceso a orientación, psicoeducación y acompañamiento familiar.

La psicoeducación comprende herramientas destinadas a comprender mejor una condición de salud, reconocer señales de alerta y acompañar los tratamientos indicados por los profesionales.

Otro aspecto relevante es la participación de familiares o referentes afectivos durante el proceso de externación, es decir, cuando una persona recibe el alta después de una internación.

El proyecto contempla responsabilidades de acompañamiento para representantes o allegados en esa instancia.

Sin embargo, estas disposiciones también plantean interrogantes sobre las posibilidades reales de las familias para asumir tareas de cuidado, especialmente cuando no cuentan con recursos económicos, redes de apoyo o servicios comunitarios suficientes.

La participación familiar, además, deberá articularse con los derechos del paciente, su autonomía y las condiciones particulares de cada situación.

Seguimiento de los tratamientos y planificación del alta

La propuesta incorpora mecanismos para mejorar la continuidad de la atención después de una internación.

Entre ellos se encuentra la elaboración de un plan de egreso que permita organizar el seguimiento del paciente y evitar que el tratamiento quede interrumpido una vez que abandona el establecimiento sanitario.

Este instrumento debería contemplar las necesidades terapéuticas y los dispositivos de acompañamiento necesarios para sostener la recuperación.

También se establece un parámetro de 180 días para identificar internaciones prolongadas, situación que activaría la intervención del Órgano de Revisión.

El objetivo de estos mecanismos es reforzar el seguimiento institucional y evitar que una internación se prolongue sin evaluaciones adecuadas sobre su necesidad.

Hospitales especializados y atención comunitaria

Otro de los puntos discutidos durante el tratamiento legislativo fue el lugar que deben ocupar los establecimientos especializados en salud mental.

La propuesta original del Poder Ejecutivo contemplaba cambios en las restricciones existentes sobre las instituciones psiquiátricas monovalentes.

Sin embargo, el texto finalmente aprobado por el Senado mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y desarrollar prácticas manicomiales.

La reforma conserva el carácter excepcional de las internaciones y contempla la atención en hospitales generales y establecimientos especializados, dentro de un sistema que también debe incluir alternativas ambulatorias y comunitarias.

Esta distinción es importante porque la existencia de servicios especializados no implica necesariamente que la internación deba convertirse en la principal respuesta frente a los problemas de salud mental.

Adicciones, ludopatía y atención de adolescentes

El proyecto también incorpora modificaciones relacionadas con los consumos problemáticos y otras conductas adictivas.

Entre los temas incluidos aparece la ludopatía, vinculada con la dificultad para controlar las conductas de juego y apuestas, una problemática que adquirió mayor visibilidad con la expansión de las plataformas digitales.

La iniciativa propone reforzar el abordaje sanitario de estas situaciones, integrándolas a las estrategias de prevención, tratamiento y recuperación.

En relación con niños, niñas y adolescentes, establece criterios específicos de atención y promueve la utilización de dispositivos diferenciados de los destinados a personas adultas.

También contempla el respeto por la autonomía progresiva de los menores y su derecho a ser escuchados durante los procesos de atención.

Los derechos de los pacientes siguen en el centro del debate

Uno de los principales interrogantes es cómo se equilibrará la posibilidad de intervenir ante situaciones de riesgo con la protección de la libertad y autonomía de las personas.

La reforma mantiene mecanismos de control judicial para las internaciones involuntarias.

Estas medidas deberán ser comunicadas al juez competente y al órgano de revisión dentro de los plazos establecidos, para que pueda supervisarse su legalidad y la justificación médica correspondiente.

El proyecto también contempla la posibilidad de establecer directivas anticipadas relacionadas con tratamientos futuros.

Durante el debate parlamentario, los sectores que respaldaron la reforma destacaron la necesidad de facilitar intervenciones oportunas ante situaciones graves.

En cambio, legisladores y especialistas críticos advirtieron sobre los riesgos de ampliar las condiciones para las internaciones sin garantizar simultáneamente recursos suficientes, controles efectivos y servicios de atención comunitaria.

Qué impacto podría tener en la Ciudad de Buenos Aires

Para los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una eventual aprobación definitiva podría modificar los procedimientos aplicables en hospitales públicos, clínicas y otros establecimientos que brindan atención en salud mental.

Los cambios podrían tener consecuencias en la evaluación de situaciones de crisis, las condiciones para indicar internaciones involuntarias, la coordinación entre profesionales y el acompañamiento posterior al alta.

También podrían influir en la organización de los dispositivos de atención comunitaria y en la articulación entre los servicios sanitarios y las familias.

El proyecto contempla mecanismos de asistencia técnica y económica de la Nación a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, mediante acuerdos destinados a fortalecer la capacidad de atención.

De todos modos, el impacto concreto dependerá de la versión definitiva de la ley, su reglamentación, los recursos disponibles y las medidas de implementación que adopte cada jurisdicción.

Qué falta para que la reforma entre en vigencia

La Cámara de Senadores otorgó media sanción al proyecto el 30 de octubre de 2026, pero eso no significa que las modificaciones ya puedan aplicarse.

La iniciativa deberá continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde podrá ser aprobada, modificada o rechazada.

Si el Congreso completa el procedimiento legislativo y la norma es promulgada y publicada, corresponderá determinar su entrada en vigencia y las condiciones necesarias para implementarla.

Hasta entonces, la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 continúa siendo el marco legal aplicable.

El debate legislativo plantea una cuestión que excede las condiciones de internación: cómo construir un sistema de salud mental que pueda responder ante situaciones de urgencia, garantizar tratamientos adecuados y ofrecer acompañamiento sostenido tanto a los pacientes como a sus familias.

Información útil para pacientes y familias

Mientras continúa el tratamiento legislativo, las personas que necesiten atención pueden recurrir a los servicios sanitarios correspondientes. Ante una situación de riesgo inmediato, es importante solicitar asistencia de emergencia.

• Emergencias en CABA: SAME, línea 107.
• Atención sanitaria: hospitales y centros de salud del sistema público porteño.
• Derechos de los pacientes: Ley Nacional de Salud Mental 26.657.
• Seguimiento legislativo: Congreso de la Nación, expediente PE-99/26.