Cámaras de seguridad en consorcios porteños y qué conviene revisar antes de aprobar la instalación en el edificio

La propuesta de colocar cámaras en un edificio abre una discusión que va más allá del precio de los equipos.

Antes de decidir, los propietarios necesitan conocer qué sectores se vigilarán, quién podrá acceder a las imágenes y cuánto costará sostener el sistema. En los consorcios de la Ciudad de Buenos Aires, la seguridad también exige acuerdos sobre privacidad, responsabilidades y uso de las grabaciones.

Una decisión que empieza antes de comprar

Instalar una cámara en la entrada puede parecer una respuesta sencilla frente a la preocupación por la seguridad. Sin embargo, comprar los equipos es apenas una parte del proyecto. El sistema también necesita mantenimiento, reglas de acceso y un procedimiento para actuar cuando se detecta un incidente.

Para hablar de un “furor” en los consorcios porteños harían falta estadísticas que permitan medir el crecimiento de las instalaciones. Sin esos datos, el aspecto más útil para los vecinos es otro: entender qué conviene evaluar cuando la propuesta llega a una asamblea.

La primera pregunta debería ser qué problema se busca resolver. Registrar el ingreso al edificio, observar un acceso a cocheras o contar con imágenes ante daños en espacios comunes son objetivos diferentes. Cada uno requiere una ubicación y una configuración determinadas.

También conviene revisar el estado de las puertas, las cerraduras, la iluminación y los mecanismos de ingreso. Una cámara puede registrar lo ocurrido, pero no garantiza que alguien intervenga a tiempo ni corrige una puerta que queda abierta.

Cómo debe resolverse dentro del consorcio

La instalación sobre espacios comunes debe analizarse según el reglamento de propiedad horizontal y las características del proyecto. Un intercambio en el grupo de WhatsApp no debería reemplazar el procedimiento correspondiente.

El Código Civil y Comercial establece, como regla general, una mayoría absoluta sobre la totalidad de los propietarios, con una doble exigencia de unidades y porcentajes de participación. Por eso, contar únicamente los votos de quienes asistieron puede resultar insuficiente.

Para mejoras u obras nuevas sobre partes comunes, el artículo 2051 contempla el consentimiento de la mayoría y un informe técnico previo de un profesional autorizado. El alcance de la intervención debe evaluarse antes de definir cómo aprobarla.

La convocatoria debería incluir el tema en el orden del día. Es recomendable que el acta detalle el presupuesto elegido, los sectores alcanzados, la forma de financiación y las responsabilidades de administración del sistema.

Dónde apuntan las cámaras importa tanto como su calidad

Las imágenes que permiten identificar a una persona son datos personales. La videovigilancia debe responder a una finalidad legítima y evitar una intromisión desproporcionada en la privacidad.

La Disposición 10/2015 exige que la captación sea pertinente y no excesiva. En términos prácticos, conviene revisar si el encuadre registra interiores de departamentos, ventanas vecinas u otros detalles innecesarios.

La misma norma contempla la captación dentro de un predio propio y su perímetro sin consentimiento previo bajo determinadas condiciones. La invasión del espacio público o de terceros debe evitarse y, cuando resulte inevitable, limitarse al mínimo necesario.

También debe informarse la existencia del sistema, su finalidad y quién es responsable del tratamiento de las imágenes. Un cartel genérico, sin datos de contacto, puede dejar incompleta esa información.

Quién puede mirar y qué puede hacer con las grabaciones

Antes de habilitar una aplicación en los teléfonos de los vecinos, conviene establecer qué personas tendrán acceso y para qué tareas. Ser propietario no equivale, por sí solo, a tener permiso para observar permanentemente los movimientos del resto.

El consorcio debería definir quién puede visualizar, descargar o entregar una grabación; cómo se documenta una consulta y qué ocurre cuando cambia el administrador o se termina el contrato con el proveedor.

Las imágenes no pueden utilizarse para una finalidad incompatible con la que justificó su captación. Compartir videos en grupos de mensajería para comentar visitas, horarios o comportamientos puede comprometer la privacidad de quienes aparecen.

La obligación de confidencialidad alcanza a quienes intervienen en el tratamiento. Además, las personas filmadas cuentan con derechos sobre sus datos, cuyo ejercicio debe estar previsto.

Cuánto tiempo se guardan y dónde quedan almacenadas

La Agencia de Acceso a la Información Pública exige que el manual de videovigilancia incluya el plazo de conservación, las medidas de seguridad y los mecanismos para atender los derechos de las personas registradas.

Por eso, el proveedor debería explicar dónde quedarán las grabaciones: en un equipo del edificio, en un servicio remoto o en una combinación de ambos. También corresponde preguntar quién administra ese almacenamiento y cómo se recupera un archivo.

No conviene aceptar una cantidad de días de grabación sin conocer las condiciones utilizadas para calcularla. Es recomendable pedir que el presupuesto especifique la capacidad contratada, la modalidad de registro y el procedimiento para preservar imágenes relacionadas con un incidente.

La AAIP también informa que las bases de datos de videovigilancia deben declararse ante el registro correspondiente, junto con el manual de tratamiento.

El presupuesto que importa es el costo completo

Comparar solamente la cantidad de cámaras puede llevar a elegir propuestas que ofrecen prestaciones distintas. Para evaluar alternativas, resulta conveniente solicitar presupuestos desglosados que incluyan:

• Equipos, almacenamiento, cableado y mano de obra.
• Abonos por aplicaciones, servicios remotos o monitoreo, cuando existan.
• Garantía, mantenimiento y condiciones de reemplazo.
• Capacitación para las personas autorizadas.
• Entrega de credenciales y documentación al consorcio.
• Condiciones de cancelación y recuperación de las grabaciones.

También es útil pedir una demostración en el edificio, con las condiciones reales de iluminación. La prueba debería permitir comprobar si las imágenes sirven para el objetivo acordado.

Otro punto es aclarar qué ocurre ante cortes de electricidad o de internet. El presupuesto debe explicar qué funciones se interrumpen y cuáles continúan funcionando, en lugar de dejar esa respuesta para después de la instalación.

Grabar y monitorear son servicios diferentes

Un sistema puede almacenar imágenes sin que exista una persona observándolas. También puede permitir consultas desde una aplicación o incluir un servicio de monitoreo, según lo contratado.

Antes de aprobarlo, corresponde preguntar quién recibe los avisos, en qué horarios y qué procedimiento sigue ante una situación sospechosa. Si se ofrece intervención de una central, sus condiciones deben quedar por escrito.

La seguridad digital merece la misma atención. Es recomendable cambiar las contraseñas de fábrica, utilizar claves robustas y evitar una única credencial compartida entre todos. También conviene acordar cómo se revocan permisos y quién se ocupa de las actualizaciones.

Un trámite porteño que puede corresponder

En CABA existe el Registro de Cámaras de Videovigilancia Privadas, conocido como RECAVIP. La información oficial indica que deben inscribirse quienes tengan cámaras en espacios privados de acceso público y establecimientos privados que capten imágenes del espacio público.

El consorcio debe verificar si su instalación encuadra en esos supuestos, especialmente cuando una cámara registra la vereda. Ese trámite local tiene un alcance diferente de las obligaciones nacionales de protección de datos personales.

La decisión más completa es la que deja resuelto qué se necesita vigilar, cuánto se pagará y cómo se protegerán las imágenes. Esas definiciones permiten evaluar la utilidad del sistema antes de que el gasto llegue a las expensas.

Información útil

• Asamblea y aprobación: revisar el reglamento de propiedad horizontal y los artículos 2051, 2059 y 2060 del Código Civil y Comercial.
• Videovigilancia y datos personales: consultar las pautas de la Agencia de Acceso a la Información Pública sobre registro, cartelería y manual de tratamiento.
• Registro porteño: verificar el alcance del trámite RECAVIP según la ubicación y el encuadre de las cámaras.
• Consultas sobre privacidad: la AAIP informa sobre los derechos de acceso, rectificación y supresión y los canales para reclamar por incumplimientos.