Seguridad y fiscalización en Retiro: cómo es el plan para frenar el crecimiento descontrolado de la Villa 31

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puso en marcha un exhaustivo plan de ordenamiento ambiental, habitacional y de seguridad en la Villa 31 de Retiro. Con intervenciones conjuntas de ministerios clave, la gestión apunta a bloquear el ingreso de insumos para ampliaciones clandestinas, desalojar sectores usurpados y regularizar el territorio bajo el principio de unificar las normas y obligaciones en todo el distrito.

Restricción de accesos y retenes policiales permanentes

La Jefatura de Gabinete, en coordinación con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Espacio Público, reconfiguró los puntos de entrada al asentamiento de 72 hectáreas para anular el transporte informal de carga. A través del Plan de Control de Accesos, las vías de circulación sufrieron modificaciones estructurales:

• Peatonalización estratégica: Cinco de los 13 accesos vehiculares históricos fueron transformados exclusivamente para tránsito peatonal mediante la colocación de bolardos fijados al suelo.
• Presencia policial fija: Se establecieron tres nuevos puestos de control permanentes de la Policía de la Ciudad, que se suman a los tres ya operativos, totalizando seis terminales de vigilancia estricta.
• Puntos de control rotativos: Se implementaron retenes e inspecciones itinerantes en nodos clave de conectividad como el eje Ramos Mejía (lindante a la Terminal de Ómnibus), la intersección de Yaguareté e Islas Galápagos (sector Paseo del Bajo) y la ex Calle 14 en la periferia del Barrio Saldías.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, ratificó la firmeza de la medida al declarar que se terminó el ingreso de materiales para agrandar estructuras de forma ilegal, asegurando que la ley no es opcional en ningún sector de la Capital.

Clausuras de corralones y combate al mercado inmobiliario informal

La actual estrategia busca corregir los desvíos logísticos de la Ley 6.129 de urbanización, cuyo diseño original de 2016 no logró contener la expansión edilicia vertical ni el riesgo estructural para los 45.000 residentes. En este sentido, las cuadrillas gubernamentales procedieron a la clausura preventiva de corralones internos que operaban sin habilitación vendiendo áridos y ladrillos para obras fuera de regla.

Asimismo, las inspecciones apuntan a desarticular un millonario circuito clandestino de especulación inmobiliaria. Según informes oficiales, la informalidad en el barrio consolidó un mercado donde los alquileres de viviendas precarias oscilan entre $300.000 y $1.000.000 mensuales, mientras que las locaciones comerciales trepan hasta los $1.800.000, valores que se sostienen mediante la venta ilegal de «espacios aéreos» (techos) y la falta de garantías bancarias de los inquilinos.

Limpieza del espacio público y búnkeres de droga

El plan de saturación territorial capitaliza intervenciones previas de alto impacto, iniciadas meses atrás con el desalojo total de la feria informal de la calle Perette. Durante las últimas semanas, las tareas de fiscalización civil se enfocaron en la liberación de veredas y calzadas obstruidas por actividades comerciales no autorizadas:

• Remoción de talleres y comercios: Se desmanteló una gomería montada de forma permanente sobre un colectivo en desuso y se removió un lavadero de autos instalado en un pasaje peatonal.
• Despeje de chatarra: Se sanearon aceras que eran utilizadas como depósitos logísticos e improvisados por recolectores urbanos.
• Seguridad ciudadana: En paralelo a la reorganización urbana, las fuerzas de seguridad concretaron el derribo de casillas vinculadas al narcomenudeo que funcionaban como búnkeres de almacenamiento y comercialización de estupefacientes.