Jorge Macri cuestionó el fallo sobre el Régimen Penal Juvenil y anunció que pedirá juicio político

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionó con dureza en sus redes sociales una decisión de la Justicia de la Ciudad vinculada con la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y anunció que impulsará un pedido de juicio político contra la magistrada que intervino en el caso.

La reacción se produjo luego de que la jueza Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3, declarara la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801 para un caso concreto y sobreseyera a un adolescente de 14 años investigado por una tentativa de robo.

El mensaje de Jorge Macri en las redes

A través de su cuenta en X, Macri expresó su rechazo a la resolución judicial y sostuvo que este tipo de decisiones debían quedar expuestas públicamente.

“Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, afirmó el jefe de Gobierno porteño en la publicación realizada el 21 de septiembre. También aseguró que no pediría “perdón por defender a los porteños de bien”.

En el mismo mensaje, Macri calificó a los magistrados cuestionados como “jueces garantistas defensores de delincuentes” y vinculó la decisión judicial con su postura sobre seguridad y responsabilidad penal. Esas expresiones corresponden a la posición manifestada por el mandatario porteño y no forman parte de los fundamentos jurídicos de la resolución.

Posteriormente, Macri afirmó en declaraciones periodísticas que los jueces deben aplicar las leyes vigentes y señaló que instruyó al ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, para avanzar con el pedido de juicio político. También anticipó que el Gobierno porteño buscará recurrir la decisión judicial.

Qué resolvió la jueza Laura De Marinis

El expediente se inició a partir de un episodio ocurrido el 10 de septiembre. Según la investigación judicial, un grupo de adolescentes habría intentado sustraerle el teléfono celular a un hombre de 47 años. La víctima logró alejarse y pidió ayuda a un efectivo policial, tras lo cual fueron interceptados los jóvenes involucrados. El Ministerio Público Fiscal calificó provisoriamente el hecho como robo en grado de tentativa.

La defensa planteó la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801 respecto del adolescente de 14 años. De Marinis hizo lugar al planteo para ese caso y dispuso su sobreseimiento.

Entre sus fundamentos, la magistrada sostuvo que aplicar al adolescente el nuevo esquema penal representaba, en las circunstancias particulares analizadas, una medida regresiva respecto del sistema de protección que existía antes de la entrada en vigencia de la nueva norma. También hizo referencia al principio de proporcionalidad y a recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas sobre la edad mínima de responsabilidad penal.

La resolución no implica la suspensión general de la Ley 27.801. Se trata de una decisión adoptada en un expediente concreto, susceptible de ser revisada mediante las vías judiciales correspondientes.

Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil

La Ley Nacional 27.801 fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. Su artículo 1 establece un régimen penal aplicable a adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18 cuando sean imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales.

La norma establece como finalidad fomentar la responsabilidad legal del adolescente y procurar su educación, resocialización e integración social dentro de un sistema diferenciado del régimen penal aplicable a los adultos.

El Poder Ejecutivo Nacional reglamentó la ley mediante el Decreto 875/2026, firmado el 4 de septiembre y publicado el 7 de septiembre. La reglamentación contempla, entre otros aspectos, medidas alternativas, atención a las víctimas, capacitación de los operadores del sistema y mecanismos de coordinación entre Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un nuevo debate alrededor de la aplicación de la ley

El fallo porteño volvió a colocar en el centro del debate la aplicación de la nueva edad mínima de responsabilidad penal. Mientras Jorge Macri cuestionó públicamente la resolución y anunció que buscará promover el juicio político de la magistrada, la jueza fundamentó su decisión en principios constitucionales y tratados internacionales aplicados a las circunstancias particulares del adolescente involucrado.

La controversia continuará ahora en el ámbito institucional y judicial, tanto por la eventual revisión del fallo como por el anunciado pedido de juicio político. Hasta que esos procedimientos avancen, la Ley 27.801 continúa vigente a nivel nacional.